Gustavo López: “Sin conectividad no tenés educación ni conocimiento”
Luego del DNU 690 que congela las tarifas de telecomunicaciones hasta el 31 de diciembre y declara servicio público a la telefonía celular, Internet y televisión por cable, dialogamos con el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) Gustavo López sobre la decisión del presidente
¿Cómo se tomaron desde el ENaCom el DNU?
La resolución que toma el Presidente va en dos sentidos:
Por un lado, congelar las tarifas por la cuestión de la pandemia para no volver a provocar un segundo aumento en 60 días. Entre marzo y abril había aumentado, ahora (el 31 de agosto) volvía a aumentar y este último aumento al Presidente le parecía que era una barbaridad y a nosotros también.
El aumento en el caso de la telefonía fija superaba el 20% y en cuanto a los otros servicios rondaba entre el 11% y el 15%, depende la empresa. Hay que agregarle que 3 o 4 meses antes, ya en pandemia, se había aumentado.
Por otro lado, está la necesidad del Estado de volver a intervenir en algo que es un servicio esencial. Por eso es tan importante que el presidente reponga lo que ya estaba en la Ley de Argentina Digital del 2014 de servicio público esencial y de competencia. Le agrega la telefonía celular, que no estaba.
Lo más importante es reconocer esto como un derecho humano básico, reconocer esto como algo esencial e imprescindible para la vida cotidiana de las personas en el siglo XXI. Sin conectividad no tenés educación ni conocimiento. Incluso tenés comprometido el acceso al trabajo.
El presidente lo declara servicio público esencial y repone como facultad regular precio y además agrega la tarifa social. El regular precios no significa que nosotros lo establecemos, sino que la empresa no puede aumentar si no demuestra variantes de costos y de inversión para que justifiquen aumentar la tarifa.
Las empresas dicen que el DNU los tomó por sorpresa…
Nosotros en marzo, cuando ya había sido declarada la pandemia y ya estábamos en el Aislamiento Preventivo y Obligatorio (ASPO), negociamos con las empresas que el aumento que ellos ya tenían programado siguiera congelado al 31 de agosto.
Algunas empresas habían aumentado en marzo y otras en abril. En abril “permitimos” el aumento, en realidad no teníamos ninguna facultad para permitir, pero les decíamos:
“Ya que estamos en una situación en la que no se puede trabajar, los chicos están estudiando en sus casas, etc. y que ustedes aducen que tienen la necesidad de aumentar, congelemos hasta el 31 de agosto”.
Cuando todos nos dimos cuenta de que la pandemia seguía, lo que les planteamos era que no aumenten porque la situación del país estaba peor, no mejor.
¿Este último planteo fue en la última reunión antes del DNU?
No. Ya lo veníamos haciendo en el último mes.
Cuando ellos dijeron que igual iban a aumentar, nosotros les planteamos congelar hasta febrero. Porque la sociedad no soportaría un segundo aumento en la pandemia y cuando la economía todavía está en crisis.
La respuesta fue “vamos a aumentar y no vamos a congelar”. Les advertimos que no íbamos a aceptar eso, que el Poder Ejecutivo seguramente algo iba a hacer, pero que también el Congreso tenía proyectos de congelamiento, por un lado, y proyectos de declaración de servicio público a esta actividad.
Entonces, el Poder Ejecutivo tomó el toro por las astas y dijo “no podemos aceptar esto en este momento, por eso el congelamiento es una medida excepcional, pero, por otro lado, más allá del congelamiento, retomemos la facultad que ya estaba en una ley y que Macri derogó por DNU en el 2015. Retomemos la facultad de intervenir en el precio”
Que intervenga el Estado como es en la medicina prepaga, por ejemplo, no inventamos nada.
¿Qué pensás de la ausencia de Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral Parlamentaria, teniendo incluso este partido dos legisladores que en su momento bregaron con proyectos porque la telefonía móvil sea un servicio público?
Es una responsabilidad de Juntos por el Cambio. Creo que hay un sector de la política que por defender los intereses económicos de las empresas se olvidan de la gente. El senador (Juan Carlos) Marino había presentado un proyecto y había alrededor de diez diputados que habían presentado proyectos en el mismo sentido.
Es un reclamo del conjunto de la sociedad hace años. Las asociaciones de usuarios y consumidores vienen reclamando esto. Hay un dato de la realidad: en esta actividad había una sola parte que era la empresa, no importa si la empresa es PyMe, cooperativa o grande. No había otra parte. No había quien defienda los intereses de los consumidores.
Cuando se pone esto por primera vez en la ley del 2014, Cambiemos lo modifica en 2015 con el DNU 267. En el medio la actividad sigue creciendo, se hace más imprescindible y obviamente que algunos senadores y diputados de Cambiemos, entendiendo que no podía seguir habiendo aumentos unilaterales, pensaron que tenía que haber una regulación. Es falso que acá hubiera especulaciones, que si nos peleamos con un grupo nos peleamos con otro.
Esta actividad aumentó un 10% por encima de la inflación en los últimos cinco años. No es que se perdió plata. El año pasado, el aumento de tarifas fue del 63% contra el 53% de inflación.
Entonces, la pregunta es ¿Qué pasaba el martes 1 de septiembre si llegaban aumentos de entre el 15% y el 25%? ¿Qué iba a decir la gente? Que el Estado no hace nada. Y lo iba a decir con razón. Bueno, el Estado intervino. Frenó el aumento porque parece un disparate en la pandemia, pero además (el Estado) dice: “a partir de ahora, para aumentar tienen que justificar el por qué”
¿Y por qué es esto? Porque es un servicio esencial y la gente no puede estar desconectada. Y se agrega la tarifa social. Obviamente las empresas defienden sus intereses y es correcto, pero ni las estatizamos ni es Venezuela.
Lamento que los senadores y diputados que deberían estar defendiendo el interés del usuario y del consumidor, incluso aquellos que habían presentado proyectos similares, hoy, por una cuestión de oportunismo político, no lo hacen. Y bueno, deberán responder ante la gente.
¿Y la postura del sector empresarial acerca de que con el congelamiento de las tarifas y la declaración de servicio esencial no se va a invertir?
Sería bueno que se les pregunte cuáles eran los planes de inversión que estaban ejecutando. A ver si había alguno y qué empresa lo estaba ejecutando. Porque los planes de inversión cayeron estrepitosamente del 2018 para acá.
El problema de los planes de inversión es que la economía en los últimos dos años del macrismo se fue al subsuelo. Ellos dejaron de invertir y el Estado dejó de invertir.
Cuando se analiza la inversión pública durante el kirchnerismo te da un promedio de casi $3.500 millones de dólares por parte del Estado en la Red Federal de Fibra Óptica, en 33.000 kilómetros que hizo el gobierno de Cristina de obra civil y tendido de triducto y 12 mil kilómetros de iluminación, más las 280 torres de TDA (Televisión Digital Abierta), y una serie de inversiones. Es decir, un promedio de 260 millones de dólares por año.
En los años del gobierno de Macri la inversión fue 264 millones de dólares en cuatro años. Quiere decir que la inversión pública se redujo en un 75%.
La inversión privada entre 2016 y 2017 fue alta porque eran los contratos que habían firmado en el 2015 de 4G. Después la inversión empezó a caer porque cayeron las conexiones porque la gente no tenía dinero.
Que pongamos un precio donde el Estado tiene que autorizar no tiene nada que ver con las inversiones porque además en el precio se van a respetar las inversiones. Es un latiguillo que utilizan porque les quedaría feo decir “nosotros queremos seguir aumentando y no nos importa la gente”, dicen “peligran las inversiones”. Demuestren cuales.
Nosotros cuando autoricemos aumentos la inversión es clave y además el Estado ha vuelto a invertir y esa inversión que hace el Estado es infraestructura que después utilizan todos.
No vamos a mirar hacia atrás. Hacia adelante es el precio va a estar equilibrado entre costo, inversión y ganancia. Así que la inversión va a estar contemplada sin ningún problema.
Mirando hacia adelante
Bueno, vamos entonces a mirar para adelante y vamos a hablar de la conexión de Internet en el país. Con datos del ENaCom del 2019 hacia cómo se soluciona la desigualdad en la conexión a Internet con el 54% del país teniendo una conexión igual o inferior a 20 mbps, ¿Cuál es el plan del Estado en los próximos cuatro años?
El plan de gobierno a través de Arsat, solo en Arsat, es un plan de inversión de 550 millones de dólares, el doble de lo que teníamos en el gobierno anterior.
De hecho, el viernes 21 el ENaCom le transfirió a Arsat 3.000 millones de pesos para el cambio de plaquetas.
¿Por qué esa transferencia?
Porque tenían plaquetas de 10 gb para que pasen a plaquetas de 100 gb y esto aumenta el volumen y velocidad.
¿Y qué otras acciones realizaron?
Hemos lanzado planes por 4.000 millones de pesos para este año, que reglamentamos el jueves. Para conectividad de barrios populares 1.000 millones, para conectividad de escuelas, hospitales y comisarías 2.000 millones y para conectividad de zonas inaccesibles o de corredores viales 1.000 millones de pesos. Más los adelantos no reembolsables que ya les estamos dando a las empresas provinciales.
El plan de inversión solo de EnaCom para cuatro años nosotros lo calculamos en no menos de 20 mil millones de pesos de obras de infraestructura para conectividad.
Vuelvo al punto de la desigualdad en cuanto a la conexión porque hay provincias en las que la banda ancha no alcanza el 40% y hay provincias en las que sí, eso ¿Cómo se materializa?
Dando subsidios a las empresas provinciales. La Pampa se llevó un subsidio de 160 millones de pesos, la empresa de Chaco se llevó otro subsidio del mismo valor para planes de obra que ellos presentan.
El fondo de servicio universal está para eso. Lo que estamos haciendo es trabajando con las provincias para ampliar la capacidad. Segundo, trabajando con el sector privado también para ampliar la capacidad.
Queremos hacer una reunión con cinco federaciones de cooperativas que representan a alrededor de 400 cooperativas del país para ponernos a disposición de ellos, para que presenten planes de inversión y nosotros subsidiemos esos planes de inversión para cambiar cobre por fibra.
¿Y cómo recibieron estas cooperativas el DNU? Porque siempre se habla de la reacción de las grandes
Están absolutamente de acuerdo porque además a ellos les permite tener una reglamentación diferenciada, que es necesario tenerla. La estructura de costos entre una y otra es muy diferente.
Los costos de una cooperativa son mucho más altos que los de una empresa grande por la cantidad de personal que utilizan. La cooperativa utiliza mucho más gente que la empresa grande. La empresa grande a lo mejor tiene 1 millón de abonados en una localidad, por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires.
Las cooperativas atienden a pueblos, como por ejemplo la localidad de Goyena en la provincia de Buenos Aires con una población de 500 habitantes, que si no los atiende la cooperativa no los atiende nadie.
Claro, allí las grandes empresas no llegan…
Las grandes no llegan a donde hay 20 mil habitantes menos van a llegar a donde hay 500.
La verdad es que con las cooperativas hemos trabajado muy bien. El martes tuvimos una reunión y esta semana nos vamos a reunir con todas las empresas del sector. Empresas de cable, telefonía, y de Internet chicas, medianas y grandes y a todos les vamos a decir: “miren, la necesidad del congelamiento es por la crisis económica. Termina el 31 de diciembre”. A partir de allí hay que recuperar precios.
¿Cómo se recupera?
A partir de una ecuación que deberá ser distinta para cada sector y para cada servicio que permita que todos tengan garantizado costo, inversión y ganancia. Ese es el diálogo.
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